Hackers coreanos vendían videos ilícitos grabados con cámaras IP comprometidas
La policía de Corea del Sur desmanteló una de las mayores redes de hackeo de cámaras en la historia del país, tras arrestar a cuatro personas que intervinieron más de 120.000 cámaras IP instaladas en hogares y negocios. Según informó CyberInsider, el grupo produjo y vendió cientos de videos ilícitos en un portal pornográfico alojado en el extranjero, alimentando un mercado clandestino que creció gracias a fallas básicas de seguridad.
Los sospechosos, cuyos nombres no se conocieron y fueron identificados con letras, vulneraron cámaras con contraseñas predeterminadas o fáciles de adivinar, aprovechando la debilidad de miles de sistemas de vigilancia conectados a Internet. Uno de ellos llegó a ganar 35 millones de wones (unos 24.000 dólares) en criptomonedas por la venta de 545 videos editados a partir del material robado.
Tres de los cuatro detenidos quedaron bajo custodia. El sospechoso “B” habría hackeado unas 63.000 cámaras, mientras que “C” habría comprometido cerca de 70.000 dispositivos y producido 648 videos. Entre ambos generaron el 62% de todo el contenido subido al sitio extranjero en el último año. En paralelo, “D” y “E” almacenaban grabaciones íntimas privadas (sin haberlas distribuido aún) y uno de ellos estaba involucrado en material de explotación sexual infantil.
Las autoridades surcoreanas trabajan con fuerzas policiales internacionales para rastrear a los operadores del sitio web y a quienes compraron o visualizaron los videos. Al menos tres espectadores ya fueron arrestados y la policía pidió bloquear el acceso al portal mientras avanza su cierre. También se está notificando a usuarios afectados y auditando sistemas de videovigilancia masiva para detectar más compromisos.
Para las víctimas, el gobierno puso en marcha un paquete de apoyo que incluye eliminación de contenido, asesoramiento y seguimiento especializado. La policía reafirmó una política de “tolerancia cero” frente a este tipo de abusos, una medida clave en un caso que ha encendido las alarmas sobre la fragilidad de la seguridad digital en la vida cotidiana.