Parte de esa información habría terminado en un sistema construido sobre tecnología de Palantir y fue utilizada para búsquedas de reconocimiento facial. El gobierno sostiene que fueron incidentes aislados y niega mantener una base de datos de manifestantes.
Una fotografía tomada durante una protesta puede parecer un dato aislado. Una matrícula, otro. Una dirección, un número de teléfono o una imagen obtenida de una licencia de conducir, también.
El problema cambia cuando todos esos elementos terminan conectados dentro de los sistemas de inteligencia de un Estado.
Eso es precisamente lo que se discute en Hilton v. Noem, una demanda presentada ante un tribunal federal de Maine contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y varias de sus agencias. Documentos judiciales recientemente hechos públicos aportan nuevos detalles sobre cómo agentes federales recopilaron y almacenaron información sobre personas que observaban y registraban operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Entre los datos recopilados aparecen fotografías, matrículas de vehículos y otra información personal. Al menos parte de ella fue incorporada a Investigative Case Management (ICM), el sistema utilizado por Homeland Security Investigations (HSI) para administrar investigaciones y construido por Palantir sobre su plataforma Gotham.
El caso plantea una cuestión que va mucho más allá de Palantir o de una operación concreta de ICE: qué ocurre cuando la infraestructura tecnológica creada para investigar amenazas permite convertir rápidamente una actividad pública y potencialmente protegida por la Constitución en un perfil dentro de un sistema policial.
De observar un operativo a aparecer en ICM
La demanda se centra, entre otros episodios, en lo ocurrido durante Operation Catch of the Day, un operativo de inmigración realizado en Maine en enero de 2026.
Según los documentos judiciales citados por WIRED, un agente identificado como “J.C.” creó registros en ICM sobre al menos seis observadores; el gobierno sitúa el número en ocho. Dos personas fotografiadas en el estacionamiento de un Home Depot fueron etiquetadas con la descripción “Threat to Law Enforcement, Professional Protestor”.
Las fotografías también fueron enviadas a un agente de Customs and Border Protection (CBP) para realizar búsquedas mediante reconocimiento facial utilizando una aplicación denominada Mobile Query.
En otro episodio, después de que Polyxenia Pantos observara y fotografiara un arresto en Portland, el agente consultó la matrícula del automóvil que estaba utilizando. El vehículo pertenecía a su pareja, Carlyn Williams.
A partir de allí, según la documentación presentada ante el tribunal, el agente obtuvo mediante Accurint —una plataforma de LexisNexis utilizada por fuerzas de seguridad— información que incluía dirección, números telefónicos y personas asociadas al domicilio. Posteriormente habría distribuido una fotografía de Williams entre otros agentes tratando de identificar si era la persona que había observado el operativo.
La investigación no quedó limitada a identificar personas.
Los demandantes sostienen que agentes también pasaron frente a las viviendas de algunos observadores y que, en determinados casos, las consecuencias se trasladaron a controles fronterizos posteriores.
La llamada sobre una “lista de terrorismo doméstico”
Uno de los episodios más sensibles ocurrió horas después del operativo.
Según Williams, un agente que se identificó como perteneciente al DHS la llamó por teléfono y le indicó que debía recomendar a su pareja que no volviera a realizar ese tipo de actividades porque quienes lo hacían podían terminar incluidos en una “domestic terrorism watchlist”.
La versión es disputada.
El agente declaró posteriormente que había advertido sobre una posible detención si la conducta continuaba, mientras que abogados del gobierno sostuvieron que negó haber mencionado una lista de terrorismo doméstico.
La diferencia es importante porque la demanda sostiene que esas acciones produjeron un efecto inhibidor sobre actividades amparadas por la Primera Enmienda. De acuerdo con los demandantes, algunas de las personas involucradas dejaron posteriormente de observar operaciones de ICE.
Palantir es la infraestructura, no necesariamente quien tomó la decisión
La participación de Palantir requiere una distinción importante.
Los documentos no sostienen que Palantir haya decidido vigilar a esas personas. Lo que aparece es su tecnología como infraestructura utilizada por el gobierno.
ICE adjudicó a Palantir en 2014 el desarrollo de Investigative Case Management, basado en Gotham y adaptado a las necesidades de la agencia. En 2022 volvió a contratar a la compañía para mantener el sistema mediante un acuerdo de cinco años inicialmente valorado en hasta unos 96 millones de dólares. En 2025 el contrato fue ampliado en casi 30 millones para trabajar en una nueva plataforma denominada ImmigrationOS.
ICM permite a los investigadores de HSI crear y administrar expedientes. Pero su relevancia en este caso está también en cómo la información puede circular entre sistemas.
Según una evaluación de privacidad del DHS citada en los documentos, determinados registros creados en ICM se comparten automáticamente con TECS, el sistema utilizado por CBP para controles y evaluación de viajeros en las fronteras.
Un registro creado durante un encuentro en una calle de Maine, por lo tanto, potencialmente puede tener efectos mucho después y en otro contexto.
Ahí aparece una característica central de las modernas arquitecturas de vigilancia: el poder no está solamente en recolectar información, sino en conectarla.
El gobierno niega mantener una base de manifestantes
El DHS rechaza las acusaciones y calificó la demanda como carente de mérito.
El gobierno sostiene que no existe una base de datos de “terroristas domésticos” como la descrita por los demandantes y argumenta que los hechos denunciados fueron incidentes aislados y contrarios a las políticas del propio departamento. También afirma que el agente creó registros sobre personas que consideraba potenciales amenazas para las fuerzas de seguridad y que no intentó incorporarlas formalmente a una lista de vigilancia terrorista.
ICE también había afirmado anteriormente que no mantiene una base de datos específica de ciudadanos estadounidenses por protestar contra sus actividades.
El tribunal todavía no ha resuelto el fondo del caso.
En marzo, el juez John A. Woodcock Jr. rechazó una solicitud de orden de restricción temporal presentada por los demandantes, al considerar que la evidencia disponible en ese momento no justificaba esa medida de emergencia y que parte de lo solicitado era demasiado amplio. Sin embargo, el propio fallo señaló que la demanda plantea “serias cuestiones constitucionales” que debían analizarse mediante el procedimiento judicial ordinario.
Cuando una base de datos cambia la escala de la vigilancia
El caso resulta especialmente relevante desde la perspectiva tecnológica porque muestra cómo herramientas que individualmente pueden parecer rutinarias adquieren otra dimensión cuando funcionan como un ecosistema.
Una cámara permite obtener un rostro.
Una matrícula permite identificar un vehículo.
Una base comercial puede relacionarlo con un domicilio y un teléfono.
Un sistema de reconocimiento facial puede intentar identificar a una persona.
Una plataforma de inteligencia puede consolidar esos elementos en un expediente.
Y la interoperabilidad entre sistemas puede hacer que ese expediente reaparezca posteriormente durante un control fronterizo u otra interacción con el Estado.
No hace falta imaginar una gigantesca base de datos denominada literalmente “manifestantes” para que exista capacidad de vigilancia sobre manifestantes. La cuestión técnica y jurídica relevante es qué información se recopila, bajo qué criterio, cómo se etiqueta, cuánto tiempo permanece almacenada, con qué otros sistemas se comparte y qué decisiones pueden tomarse a partir de ella.
Eso es lo que Hilton v. Noem está poniendo bajo la lupa.
Y también explica por qué el debate sobre Palantir y otras plataformas de inteligencia gubernamental no puede reducirse simplemente a qué datos almacenan. En sistemas capaces de cruzar identidades, vehículos, fotografías, ubicaciones y registros provenientes de múltiples fuentes, la arquitectura de datos determina buena parte del poder de vigilancia disponible.
El tribunal todavía deberá decidir si en este caso ese poder cruzó una línea constitucional. Los documentos conocidos hasta ahora, sin embargo, permiten observar algo que normalmente permanece invisible: cómo una persona que mira y fotografía un operativo desde un espacio público puede terminar convertida, unas horas después, en un registro dentro de la infraestructura digital de seguridad del Estado.